1- Introducción- Caso Skanska

* En el 2005, un concurso privado de precios impulsado desde el Ministerio de Planificación asignó a la multinacional sueca Skanska la construcción de dos gasoductos, uno en el norte y otro en el sur del país.

* El gerenciador del proyecto, Transportadora Gas del Norte (TGN), le señaló al Ente Nacional Regulador del Gas, que funcionaba como autoridad de control que Skanska estaba pagando un 152% de sobreprecios, unos $17 millones, denuncia que Enargás desestimó.

* Javier López Biscayart, juez del fuero en lo Penal Tributario se encontró con el caso cuando investigaba una evasión impositiva, siguiendo la pista de una empresa fantasma, pero pronto pasó a la hipótesis de sobornos.

* López Biscayart da por probado, que Skanska pagó dos años atrás facturas a empresas fantasma en las cuales se presume que: podrían ocultarse las coimas.

* Dos de esas empresas fantasma, Calibán e Infiniti Group, ya fueron localizadas, presumidas de ser “usinas de facturas” sobre servicios que no son debidamente prestados y sus titulares están procesados como miembros de una asociación ilícita fiscal.

* Mientras tanto, un auditor interno de Skanska, enviado por la casa matriz, declaró en Tribunales que algunos ejecutivos de la empresa confesaron haber pagado comisiones indebidas. Siete de esos directivos fueron separados de la empresa y actualmente procesados y con prisión prevetiva.
 

* Por este episodio Skanska despidió a siete de sus gerentes y pagó en la AFIP multas y reajustes de las facturas apócrifas por una suma de $10 millones aproximadamente.

* El diputado nacional del ARI Adrián Pérez pidió en la justicia que se investigara el rol de otros funcionarios del Gobierno, como el secretario de Obras Públicas, José López, y el director del Enargas, Fulvio Madaro.

* La aparición de presunción de coimas hizo que el juez Guillermo Montenegro, del fuero federal, reclamara la causa, por tratarse de un delito federal.

* El  16 de marzo López Biscayart allanó tres oficinas del Ministerio de Planificación Federal que encabeza Julio de Vido, y la sede del Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas). 

* Por dar a conocer este caso, un periodista del diario Perfil denunció haber recibido amenazas.

* La semana del 15 de abril, el Ministro del Interior Aníbal Fernández, denunció a López Biscayart  ante el Consejo de la Magistratura porque éste quiso mudar a Adrián Félix López -quien había vinculado a funcionarios del Gobierno en ese episodio- a una cárcel de la Policía Federal y el Ministerio del Interior se lo negó. López había pedido el traslado por cuestiones de seguridad.

* Días después, el Consejo de la Magistratura desestimó la denuncia del funcionario kirchnerista.

* El 24 de abril, el juez allanó 22 empresas para buscar documeación sobre el mismo tema. Fuentes judiciales confiaron que siete de estos allanamientos dieron resultado positivo.

* El 25 de abril, el Jefe de Gabinete Alberto Fernández, se presentó en el Congreso a dar su informe periódico y, en el marco de una cuestionada sesión, puso sobre la mesa la estrategia oficial en el tema: Afirmó que "si hubo coimas fue entre privados". Y sembró sospechas sobre las maniobras financieras de Infiniti con el jefe de gobierno de Buenos Aires Jorge Telerman: Aseguró que esta empresa controla a Soul Group y que a través de ella el Gobierno porteño remitió el año pasado cinco órdenes de publicidad "truchas" por unos $ 500 mil .

* El 28 de abril salieron a la luz documentos en los que se prueba que el ENARGAS ordenó a TGN Techint que contratara a Skanska para la construcción del gasoducto. Con esto empezó a caerse el argumento oficial de "corrupción entre privados".

* El lunes 30 de abril, ENARGAS publicó una solicitada en la que sostiene que tuvo que obligar a TGN Techint a contratar a alguna constructora porque esta empresa demoraba mucho la puesta en marcha del gasoducto y da a entender que esa dilación está vinculada al interés de esa empresa de mantener alto el precio del gas.

* Desde el prnicipio,uno de los lados flacos de la investigación era la conexión de los sobornos con los funcinarios estatales. Los fondos de fideicomiso planeados por De Vido  que servirían para financiar las obras "bloqueaban" esa conexión.  Este fideicomiso estaría alimentado por el aporte de distintas empresas, aunque, llegado el momento, serían los grandes consumidores de gas los que terminarían pagando las ampliaciones.

* El jueves 17 de mayo el juez López Biscayart dió a conocer las grabaciones del diálogo que Claudio Corizzo, auditor interno de la multinacional sueca tuvo con Javier Azcárate, gerente de la empresa en la época de los sobornos. En estas grabaciones quedaba demostrada sin lugar a dudas la participación de Madaro del Enargas y del titular de Fideicomiso Banco Nación, Néstor Ulloa.

Lo autorizó Enargas a fines de 2006, luego de que se terminaran las obras. El monto es más de la mitad del presupuesto original. El gerenciador, TGN, había advertido que a ninguna le correspondía recibir ese dinero.

Ese monto está sospechado de integrar los fuertes sobreprecios que, según se investiga en la Justicia federal, mediaron en estas obras. De acuerdo a información reunida por Clarín de diversos actores del caso, los adicionales sumaron $ 24.262.267 (con IVA). Los cobraron en partes desiguales las tres empresas que levantaron las plantas compresoras del Gasoducto del Norte: la sueca Skanska ($ 3.219.214) y las argentinas BTU ($ 13.484.826) y Contreras Hermanos ($ 7.558.227).

Skanska tiene un problema aparte: investigada por evasión impositiva, en 2006 reconoció que había usado facturas truchas en estas mismas obras para pagar sobornos a funcionarios a los que no identificó.
Las sedes de las tres constructoras fueron allanadas el año pasado por el entonces juez federal Guillermo Montenegro. Hasta aquí, en los tribunales de Comodoro Py sólo declararon directivos de Skanska por la cuestión de las coimas, sin que se avanzara en la investigación por los sobreprecios.

En una nota que le mandó al Enargas, el gerenciador TGN llamó la atención sobre el hecho de que BTU y Contreras les hubieran asignado un signo positivo a las multas, cuando esos valores debían restarse por diversos incumplimientos; es decir, era plata que debían pagar, no cobrar. El 10 de agosto de 2006, TGN le informó al ente regulador que habían llegado a un "acuerdo parcial" con Skanska y que eso no había sido posible en los casos de BTU ni Contreras. Los pagos se hicieron igual.

En mayo de 2007, con el caso Skanska en su punto más alto, el Poder Ejecutivo decidió la intervención por seis meses del ente regulador del gas, justamente para evaluar todo lo hecho en la valuación del costo de las ampliaciones de capacidad de transporte la 2004–2006, ya terminada, y la de 2008–2010 en su etapa inicial de construcción.

Por delante queda definir para el Enargas el costo real de esta última, valuada en una primera instancia en u$s 2.400 millones. Según lo resuelto por las autoridades energéticas, la segunda ampliación de gasoductos se irá pagando paso a paso, según el cumplimiento de cada fase de la misma hasta definir el valor final.